La nueva legislación que regula la subcontratación implicará mayores costos y responsabilidades para las empresas, ya que para empezar muchos negocios no tenían sistema de nóminas porque antes subcontrataban a sus trabajadores y ahora requerirán contratar personal para administrar esta información.
Se requiere mayor precisión en la ley y ampliar el plazo para que se ponga en vigor, ya que aún de postergarse la fecha al 1 de septiembre es un lapso insuficiente se necesita una política pública para facilitar los cambios en las empresas, ya que hay el riesgo de que se afecte más a las pequeñas compañías en beneficio de las grandes; con esta sobrerregulación se les sigue complicando la operación a las empresas formales, sobre todo a las micro y pequeñas firmas que generan más del 90 por ciento del empleo en el país.
Estamos saliendo de una pandemia y los negocios tienen muy limitada su economía y actualmente a muchas empresas no les está siendo fácil hacer frente a gastos de abogados, contadores, notarios, entre otros”.
La falta de precisión en la Ley que regula la subcontratación genera discrepancias de interpretación por lo que es necesario establecer criterios normativos por escrito para que las empresas tengan certeza y no se genere una parálisis económica. Falta unificar criterios con las autoridades participantes porque el Infonavit se ha quedado un paso atrás, mientras que el IMSS ha facilitado los trámites
